Discapacidad intelectual: definición, sistema judicial y apoyos.
La relación entre las personas con discapacidad intelectual y el sistema judicial ha sido un tema de creciente importancia en los últimos años. A medida que la sociedad avanza hacia una mayor inclusión, se hace evidente que el sistema judicial debe adaptarse para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder plenamente a la justicia en igualdad de condiciones.
En este artículo, exploraremos qué significa la discapacidad en el contexto judicial, el papel fundamental de los sistemas de apoyo y cómo el sistema judicial puede evolucionar hacia un enfoque más inclusivo y comprensivo
En este artículo vamos a hablar de:
¿Qué es la discapacidad intelectual?
La discapacidad se ha definido en diferentes ocasiones y es un concepto que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y de la sociedad, dejando atrás componentes más peyorativos, y pasando de una definición más individual a tener más en cuenta el entorno en el que se desarrolla una persona con discapacidad intelectual.
Definición de discapacidad intelectual
Si atendemos a las principales clasificaciones diagnósticas, como es el DSM-5-TR, el trastorno del desarrollo intelectual (discapacidad intelectual) es un trastorno que comienza durante el período de desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Se deben cumplir los siguientes tres criterios:
- Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia.
- Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social.
- Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo.
CIE-11. Los trastornos del desarrollo intelectual son un grupo de afecciones etiológicamente diversas que se originan durante el período de desarrollo y se caracterizan por un funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio y un comportamiento adaptativo que se encuentra aproximadamente dos o más desviaciones estándar por debajo de la media (aproximadamente por debajo del percentil 2,3), según pruebas estandarizadas administradas individualmente y debidamente normalizadas. Cuando no se dispone de pruebas estandarizadas y adecuadamente normalizadas, el diagnóstico de los trastornos del desarrollo intelectual requiere una mayor confianza en el juicio clínico basado en una evaluación adecuada de indicadores conductuales comparables.
Cambio de paradigma: sistema de apoyos
La Asociación Americana de las Discapacidades Intelectuales (AAIDD), en la publicación de su novena edición favoreció a un cambio de paradigma en lo que se entiende como discapacidad intelectual, fomentando la provisión de apoyos. En la edición 12ª se ha matizado este cambio, teniendo una concepción interaccionista del concepto de discapacidad intelectual, en el cual el contexto social tiene un papel fundamental.
Causas de la Discapacidad intelectual
Los manuales diagnósticos CIE-11 y DSM-5-TR consideran que la discapacidad intelectual es debida a déficits en el desarrollo neurológico con una etiología diversa.
Estudiar la etiología permite evaluar y abordar de una manera más específica la previsión de cuales serán los apoyos y recursos que va a necesitar esa persona a lo largo de su ciclo vita, pudiendo adaptarse en mayor medida a sus necesidades.
Causas congénitas cromosómicas hereditarias y no hereditarias, causas congénitas no cromosómicas y no hereditarias, traumatismos perinatales, causas a lo largo de la infancia.
Uno de los aspectos más importantes al establecer las limitaciones y fortalezas de una persona con discapacidad intelectual es establecer un perfil de sus necesidades de apoyo. Ya que si se mantienen los apoyos personalizados apropiados durante un largo periodo, el funcionamiento en la vida de la persona con discapacidad intelectual generalmente mejorará (Schalock et al., 2023).
Conducta adaptativa
La conducta adaptativa se entiende como el conjunto de actividades que las personas van aprendiendo en su día a día para hace frente a las demandas de su entorno (Luckasson et al. 2002; Schalock et al., 2010; Tassé, 2012). Entre ellas, se puede hablar de habilidades conceptuales, sociales y habilidades prácticas.
Dichas habilidades son fundamentales para el desarrollo adecuado en la sociedad, como son las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), como comer, vestirse, higiene personal, desplazamiento, o actividades más complejas como son las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), como usar el teléfono, hacer compras, usar el transporte,…
Su análisis y evaluación permite conocer la presencia o no de posibles limitaciones en la conducta adaptativa, y así, poner el foco en las necesidades específicas que presente cada persona en concreto. Dicho criterio es necesario para poder establecer el diagnóstico de discapacidad intelectual.
El sistema de apoyos en el contexto judicial español
La Ley 8/2021 del 2 de junio establece el marco de derechos y apoyos para personas con discapacidad. Esta ley marca un antes y un después en la forma en que el sistema judicial trata a las personas con discapacidad, centrándose en la toma de decisiones con apoyo y la autonomía de las personas con discapacidades cognitivas e intelectuales.
Es en este caso cuando el psicólogo forense puede actuar, ya sea en un proceso civil de provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad al valorar la necesidad de apoyos, medidas de apoyos adecuadas, así como la valoración de idoneidad de la persona/s para desarrollar dichas funciones (figura del curador). En el ámbito penal, se realiza una valoración de la capacidad para consentir y sobre las competencias para testificar.
Si crees que es tú situación o la de algún familiar al que quieres ayudar, no dude en ponerse en contacto 623 586 135 o mediante correo contacto@jurismente.com